La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington realizó ayer una audiencia pública en la que participaron varios representantes de diferentes ministerios del Estado Peruano, quienes, pese a las condiciones que aún presenta la ciudad minera de La Oroya, pidieron a la CIDH levantar las medidas cautelares pedidas por pobladores de esta ciudad en noviembre del 2005.

Delia Muñoz, procuradora pública especializada supranacional que ve los temas de defensa del Estado Peruano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, indicó que los reclamos de los pobladores hechos a la CIDH han sido satisfechos en su integridad, por lo que las medidas cautelares solicitadas a esta organización deberían levantarse. Al respecto explicó que el Gobierno tiene controlada y cubierta la atención en salud para casos de contaminación ambiental.

Muñoz estuvo acompañada por representantes del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente, de Osinergmin y del Ministerio de Salud.

Sin embargo, los representantes de los pobladores contradijeron estas afirmaciones indicando que en base a los dosajes que se han hecho en los pobladores que han solicitado las medidas cautelares (65 personas) la mayoría continúa con concentraciones de plomo, cadmio y arsénico por encima de los niveles de referencia.

Rosa Maro, presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya (Mosao), consideró irresponsable de parte de los representantes del Estado pedir que se dé por concluida la medida cautelar, “más aun porque no han hecho las evaluaciones médicas y tampoco tienen un diagnóstico definitivo para nuestro tratamiento”, señaló.

La abogada Astrid Puentes de la ONG Aida indicó que han pedido a la CIDH que eleve la solicitud de imponer medidas cautelares al Estado Peruano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. La CIDH no ha decidido aún el tema.

Información de El Comercio. Resumen de Sophimanía

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